- 20/02/20. México, Méx.- La guerra por la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional ha llegado a tales niveles que las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública sobre el uso político y partidista de programas sociales del gobierno federal ya alcanzan a Gabriel García Hernández, el Coordinador General de Programas para el Desarrollo de la Presidencia de la República y jefe de los llamados superdelegados estatales, quien fue el gran orquestador de movimientos financieros de Morena cuando se encaminaba a arrasar en las elecciones de la mano del hoy presidente. En ese sentido, Irma Eréndira Sandoval, titular de la dependencia, confirmó el desarrollo de indagatorias relacionadas con quien fue secretario de Organización del partido Morena y encargado del padrón de militantes. Una de sus principales inquietudes, dijo la funcionaria, “es que los programas de bienestar sean los más transparentes de todo el gobierno”.
La funcionaria responde cuando se le pregunta que tan cierta es la versión de que se han abierto 102 investigaciones en contra de delegados del Bienestar, en la que está involucrado Gabriel García Hernández, y Sandoval responde: -Sí está evidentemente el funcionario que usted señala, aunque no le podría decir con certeza en cuántas. Pero está la investigación en curso. Yeidckol Polevnsky, aún presidenta morenista -o al menos aún pelea que le sea reconocido el puesto-, acusó a Hernández de utilizar la base de datos del partido, a los súper delegados y a los Servidores de la Nación (también subordinados a él y quienes ejecutan el registro de beneficiarios de programas) de promover el voto a favor de Bertha Luján como nueva dirigente nacional. De acuerdo con Yeidckol, su plan “ha sido incidir en las asambleas, secuestrar al partido y meter o poner gente vinculada a un equipo, manipular las elecciones”. Por eso, le ha exigido “sacar las manos del proceso y no utilizar su cargo para meterse en la vida interna de Morena”. A finales de enero, Sandoval Ballesteros habló de la conclusión de 24 de las investigaciones, y de ocho casos en los cuales ya se habían acreditado responsabilidades administrativas. Días después, ahí en Palacio Nacional, se preguntó a García Hernández sobre estos expedientes y respondió: “Sólo se atienden cuando hay requerimientos, hasta este momento no hay ninguna notificación. Nunca he recibido un documento de la Función Pública al cual tenga que darle seguimiento”.
Daniel García Cortés, coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control de la SFP, detalló: “cuando se está realizando una investigación, ésta tiene que correr su propia cuerda, su propia vida, se realiza con sigilo. Se le hace la notificación al servidor público una vez que la investigación termina, se realiza un informe de presunta responsabilidad administrativa y se le notifica al servidor público cuáles son las probables faltas por las cuales se le está señalando. Cuando ya hay asignaciones de responsabilidades se le avisa a la persona a la cual se le está llamando a responder. Cuando estamos investigando se solicita la información, pero no se dice de manera particular: ‘Es para este asunto, con estos términos y con esta finalidad’, sino sólo con un lenguaje neutral. Muchas veces los servidores públicos no responden y tampoco saben para qué les estamos pidiendo la información”. –Pero en este caso, de las 102 investigaciones, ocho ya están en proceso de responsabilidad administrativa- se comentó a Sandoval.
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